El gobernador Fidel Herrera está a punto de concluir aquel gran sueño que tuvo y para el cual se preparó afanosamente más de treinta años. 

Sin embargo, al entregar a la LXI Legislatura del Estado el Quinto Informe de Resultados, le queda un gran escalón, el del sexto año, el de la consolidación política que le permitirá seguir ascendiendo en las ligas mayores de la política, el de la seria competencia por alcanzar la mayor de las responsabilidades que muy pocos veracruzanos han alcanzado.

El día del Informe, pese a ser domingo, tanto en Xalapa como en Boca del Río grandes personalidades hicieron revivir por un día, aquel nostálgico “día del gobernador”.

Desde la aún poderosa Presidencia de la República, el propio Presidente de México ahora de un partido diferente al del Tío evidenció el respeto y el reconocimiento a un gobernante conciliador al enviar como representante al hombre más importante de su gabinete, al gestudo abogado Fernando Gómez Mont (por cierto con muchas similitudes con el secretario de gobierno Reynaldo Escobar)

Y es que Fidel cuenta con una experiencia profesional sólida, con trayectoria y militancia como muy pocos en el país y está en una posición que genera envidias.

Su gobierno se ha destacado por el espíritu conciliador, hay una obra pública que impresiona; su cercanía con la población ha sido más que evidente y ello ha sido la base de la popularidad que lo ha acompañado a lo largo de toda la gestión. Por el momento tiene el gran pendiente de la sucesión, la que seguramente sabrá conducir con una gran reflexión.

Por eso vale la pena recordar que es de los pocos políticos que acumulan aquellas virtudes que según el español Azorín debieran tener los hombres que se desempeñan en el servicio público y sobre todo aquellos que deben conducir los destinos de un país.

JOSé GIL OLMOS

MEXICO, DF, 11 de noviembre (apro).- Un día el dueño de una pequeña estación de radio en Zacatecas recibió la visita de un personaje que, con suma amabilidad, le dijo que su jefe quería verlo para platicar. El empresario sabía de qué se trataba y accedió a la reunión.

La amabilidad del emisario quedó en el camino, pues el jefe habló claro y directo: "o dejas de hablar de nosotros o se mueren tú y toda tu familia". El mensaje surtió efecto, y a partir de ese día las noticias del narcotráfico dejaron de trasmitirse en varias estaciones de radio.

         Historias como esta se están repitiendo en varios estados del país. Las amenazas contra reporteros y dueños de medios de comunicación son frecuentes y están siendo efectivas.

La autocensura, como opción para conservar el trabajo y la vida propia y de familiares, es tomada como única salida, pues no se tiene ninguna seguridad en las ciudades donde viven.

         En Chihuahua, Durango, Michoacán, Coahuila, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Nuevo León y Sinaloa existen casos similares en los que los reporteros y los medios han sido amenazados por los grupos del crimen organizado que, algunas veces, han llegado a actuar lanzando granadas a las instalaciones de las empresas, como fue el caso de Televisa en Monterrey.

En la Ciudad de México se vive una especie de "burbuja" frente a las amenazas del crimen organizado, pues éstas no son tan frecuentes contra los medios y los reporteros. O al menos no son tan visibles.

La centralización política y, por ende, del periodismo político en el Distrito Federal ha impedido valorar con claridad esta grave situación por la que atraviesa el periodismo en determinados estados. No nos enteramos de las intimidaciones ni del ambiente de violencia que sufren los comunicadores y que muchas veces callan por el temor de ser objeto de ejecuciones.

El problema se ahonda cuando descubrimos que el miedo producto del poder inmenso del narcotráfico que se vive en estos estados forma parte ya de la vida cotidiana. Hay, por ejemplo, una misma historia que se escucha en Chihuahua y Zacatecas.

ÁLVARO DELGADO

MÉXICO, D.F.,  (apro).- El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, defendió la legalidad de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, y clamó porque las protestas por esa medida se conduzcan por las vías pacíficas.

"Hasta este momento yo no tengo ningún reporte de sabotaje", aclaró también Gómez Mont, quien dijo que no hay razón para un estallido social. "Somos gente de paz y queremos consolidar las vías pacíficas en este país, por lo que yo creo que, en este sentido, por los antecedentes de México y por su capacidad de transitar en su historia, los espacios institucionales para manejar la conflictividad de las diferencias están garantizados."

         En la segunda conferencia de prensa, tras la decisión del gobierno de Felipe Calderón de liquidar esa empresa, y luego de adelantar que comparecerá ante los medios cada vez que requiera aclarar imputaciones, Gómez Mont precisó que en caso de que los trabajadores afectados recurran al amparo o se proceda a través de una controversia constitucional, se hará valer en su momento toda la argumentación jurídica.

"Para la expedición de este decreto se cumplieron todos los requisitos y formalidades legales y reglamentarias. Por tanto, el Ejecutivo federal sostiene y sostendrá la legalidad de la medida", puntualizó el funcionario.

Explicó que el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales prevé como causa de extinción de los organismos descentralizados que su funcionamiento no resulte conveniente para la economía nacional o el interés público, lo que se cumplía en el caso de Luz y Fuerza del Centro.

Por su parte, el artículo 15 de la propia ley señala que para la extinción de un organismo descentralizado deben seguirse las mismas formalidades que para su creación, como fue el caso del decreto presidencial de Carlos Salinas, en febrero de 1994. "Por lo tanto, la extinción (de LyFC) se llevó a cabo mediante un instrumento de la misma naturaleza", añadió Gómez Mont.